“En 1962, ya
fallecido Luis Alberto de Herrera (1959), volvió a triunfar el Partido Nacional
en las elecciones nacionales, pero esta vez
por un margen considerablemente menor (menos de 25000 votos) cambiando
la relación de fuerzas dentro del lema (los grupos más centristas, agrupados en
torno de la Unión Blanca Democrática, triunfaron sobre la fracción
herrero-ruralista, mucho más radical en su propuesta de liberalización
económica)
La conducción
económica del nuevo gobierno marcó algunos cambios que atenuaron los alcances
de la Reforma Monetaria y Cambiara. Se volvió a establecer un doble mercado
cambiario y se moderó la libertad de importación mediante el aumento de los
recargos y depósitos previos. La nueva política, que abandonaba inicialmente la
ortodoxia fondomonetarisma, tenía como principal objetivo superar la crisis del
sector externo y denotaba cambios de importancia en las apoyaturas sociales y
políticas del nuevo gobierno. Los ganaderos parecían haber perdido su gran
oportunidad para incidir decisivamente en el rumbo de las políticas públicas.
Asimismo, el nuevo gobierno dio un renovado impulso a las actividades de la
Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (organismo creado en 1959 para
planificar el proyecto de inversiones en el sector público), aunque se mostró
remiso a la hora de concretar sus recomendaciones, las que en muchos aspectos
configuraban las bases de un modelo de superación de la crisis estructural y el
estancamiento. Los sesenta –…- serían años pródigos en propuestas, años que
podrían encontrar un buen resumen en las tareas ambiciosas de la CIDE y más
tarde del Plan Nacional de Desarrollo aprobado el 10 de febrero de 1966,
paradigmas ambos, o cruce de caminos, desde los cuales era posible –recuerda el
politólogo Adolfo Garcé- ir hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la
derecha.
Pero el
viraje no tuvo el éxito esperado. Luego de una primera etapa muy breve que
arrojó algunos resultados alentadores, se volvió a una situación deficitaria en
el sector externo. Problemas serios en la política cambiaria, ambientados por
las conductas especulativas de los principales grupos económicos, culminaron
–en 1965- en una de las mayores crisis
bancarias de la historia del país. La espiral inflacionaria volvió a desatarse,
cayó nuevamente el salario real y arreció la conflictividad social. Hacia el
final de este segundo gobierno blanco se operó otro cambio dramático en la
conducción económica, reorientada a la ortodoxia fondomonetarista. Ese cambio
de política no daría réditos económicos ni políticos. Los problemas (inflación,
fuga de capitales, endeudamiento, etc.) reaparecieron con fuerza en 1966, lo
que seguramente favoreció la derrota nacionalista y la recuperación del
gobierno por el Partido Colorado en las elecciones de ese año.
Lo
ocurrido durante las dos administraciones blancas resultaba muy significativo
desde diversos puntos de vista. Ya hemos anotado hasta qué punto la crisis
estructural iniciada a mediados de los cincuenta se había asociado desde el
arranque con la quiebra del ‘modelo batllista’. Sin embargo, el sinuoso
itinerario de las políticas públicas a partir de 1955 (y en especial luego de
1958), así como una mínima evaluación de sus resultados, alentó la aparición de
lo que entonces comenzaría a denominarse ‘el modelo alternativo’. Los programas rupturistas, identificados
todos en mayor o menor medida con un amplio programa de liberalización
económica, había vuelto a chocar con bloqueos claramente identificados con el
período anterior, ahora vigentes bajo un nuevo elenco gobernante: clientelismo,
intervención y arbitraje estatal en la articulación de demandas particularistas
de actores corporativos, crecimiento del fraccionalismo partidario,
consiguiente densificación de la ‘telaraña’ de viejo sistema de mediaciones y
compromisos múltiples, entre otros.
El
polítólogo Francisco Panizza ha puesto el acento en que el fracaso de las
políticas económicas durante los gobiernos blancos adquiere mayor destaque si
se cotejan sus objetivos iniciales con los resultados obtenidos: a contramano
de los discursos liberalizantes, el gasto público creció y mantuvo su
composición interna; la opción inicial por los ganaderos debió ser sustituida
por una política más oscilante y ambigua en la relación con los distintos
agentes económicos; el Estado volvió a demostrar su consistencia institucional,
lo que dificultaba el tono representacional del programa de ‘vuelta al
mercado’, etc. Estos fenómenos –insiste Panizza- se asociaban también con la
persistencia de una crisis de hegemonía en la sociedad uruguaya: los ganaderos
repitieron en la coyuntura muchas de sus debilidades tradicionales en la
materia, sin dejar paso a ello a agregados nuevos o particularmente impetuosos.
La reestructura económica parecía exigir una reestructura política que
terminara con las inercias, con los equilibrios y también con las resistencias
y continuidades de la vieja formación política uruguaya. “
(Caetano, G., Rilla,
J. Historia Contemporánea del Uruguay. De la Colonia al Siglo XXI. Ed. Fin de
Siglo. Uruguay, 2005. pp. 282, 283)
“El nuevo gobierno
trajo un cambio radical en sus concepciones políticas y económico-sociales,
implementándose un modelo liberal y desarticulándose paulatinamente el esquema
intervencionista y dirigista del batllismo.
Instrumento clave fue la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria, declarada
asunto político y votada por todo el Partido nacional, el 17 de diciembre de
1959.
Los objetivos de la ley eran.
- Restaurar la situación económica y
financiera, a través de:
· La
estabilidad monetaria.
· La
liberalización del comercio exterior.
· El abandono
del estatismo y del dirigismo.
· El equilibrio
presupuestal.
· El fomento de
la producción.
· El estímulo
del ahorro y la inversión.
Sus aspectos más importantes eran.
· Nuevo régimen
cambiario.
· Libre
importación y eliminación del Contralor de Exportaciones e Importaciones.
·
Establecimiento de detracciones a las exportaciones de carne y lana,
consistentes en la retracción de un porcentaje sobre el importe de moneda
nacional del producido de las ventas al exterior.
· Eliminación
de subsidios.
- Fijación de una nueva par para el peso
en su contenido de oro.
La par de
gr. 0.585018, establecida en 1938, se llevó a gr. 0.136719. Los beneficios
obtenidos con esa diferencia se utilizarían en cubrir el déficit del mercado
dirigido. Esta devaluación duplicó el precio de la divisa, e implicó una
reestructuración de los precios internos, favorable al medio rural.
Se devaluó
el peso, llevándose la cotización del cambio oficial de $ 4.11 a $ 11 por dólar
–cotización del mercado libre-; se eliminaron los cambios múltiples; se
sustituyó el régimen de importación basado en cuotas por depósitos previos y
recargos variables; y se establecieron las ‘detracciones’ –descuentos sobre
productos de las exportaciones.
El intento
de apertura de las importaciones solucionó los problemas de abastecimiento de
la industria nacional, pero tuvo su contrapartida negativa, incrementando sus
costos considerablemente, a raíz de la elevación previa del tipo de cambio.
La balanza
comercial siguió siendo desfavorable y comenzó a aumentar seriamente su
endeudamiento externo.
También se reestructuró el sistema tributario,
estableciéndose el impuesto a la renta, y suprimiéndose unos cincuenta
impuestos. Aquel se aplicó a partir de 1961, con la oposición de los sectores
batllistas y de los empresarios.
Un problema difícil continuó siendo la inflación que, desde
1949, venía creciendo a un ritmo anual del 8% y en 1959, en un solo año,
alcanzó el 24%.
En una tentativa de analizar técnica y científicamente la
situación, y preparar proyectos de desarrollo, el Poder Ejecutivo creó, en el
año 1959, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), cuya
primera tarea fue realizar un diagnóstico para, en base al mismo, elaborar proyectos.
“ (Reyes Abadie,
Washington Melogno, Tabaré – Crónica General del Uruguay. Tomo 7 el siglo XX.
Tomo 2. Ed. Banda Oriental. Irigiau, 2001 p. 268)
Reforma cambiaria y
monetaria 1959. Interpretación
Esta ley, aprobada en diciembre de 1959 y que aún rige hoy,
contenía una serie de disposiciones que representaban un cambio en la
orientación de la política económica de enormes consecuencias. Las
repercusiones principales de las medidas aprobadas pueden resumirse de la
siguiente forma:
1. La cotización del tipo de cambio oficial fue elevada de
su nivel de $ 4.11 a la cotización del mercado libre: $11 por dólar, lo que
significaba un aumento superior al 100%. Al mismo tiempo se establece la
flotación del tipo de cambio como criterio rector de la política cambiaria, con
lo cual el mercado fijaría libremente el valor de las divisas y orientaría su
asignación según las leyes de la oferta y la demanda.
2. el mercado de cambios, muy segmentado hasta la fecha, pasó
a ser único y libre: es decir que la adquisición y venta de divisas podía ser
realizada sin especificación de origen y destino. Aunque se mantenía la
obligatoriedad de venta al BROU de aquellas provenientes de algunas
exportaciones tradicionales, el tipo de cambio de conversión sería el mismo que
en el mercado libre.
3. el establecimiento de la libre importación y exportación
de bienes y servicios, eliminándose los controles mantenidos hasta el momento.
No obstante, se instrumentaron una serie de "mecanismos de defensa"
que permitirían adecuar la situación vigente, muy dirigida, a la futura
liberalización total. Entre ellos, se facultaba al Poder Ejecutivo a exigir
depósitos previos a las importaciones, a crear recargos de hasta el 300% e,
incluso, a prohibirlas transitoriamente.
El nuevo enfoque de la política económica intentaba
sustituir el dirigismo vigente hasta entonces por un régimen donde operaban
libremente las leyes del mercado. No obstante, el Estado no quedaba totalmente
fuera de la actividad, sino que se le asignaba un importante papel moderador a
través del campo fiscal y del comercio exterior, que tenía por finalidad
corregir los desquilibrios que pudieran producirse.
De todas formas, el objetivo delcarado en los diversos
documentos era la liberalización del comercio y la estabilidad monetaria. Un
complemento de importancia para comprender los rasgos fundamentales de la
política a aplicar, es el contenido de la primera Carta de Intención que firmó
el país con el Fondo Monetario Internacional en setiembre de 1960. Allí se
consignaba que, desde diciembre de 1959, el comercio internacional se había
liberalizado sistemáticamente y la moneda se encontraba estabilizada; al mismo
tiempo, se expresaba la disposición de profundizar los efectos eliminando las
prohibiciones de importación y reduciendo los recargos.
(Tomado de Cancela,
". y Melgar, A. "El desarrollo frustrado" EBO/ CLAEH. Montevideo
1985. p. 21)
Más interpretaciones sobre el tema: Alonso Eloy, Rosa y Demasi,
Carlos Uruguay 1958 – 1968 Crisis y estancamiento. Ed. de la Banda Oriental.
Montevideo, 1986)
“La crisis económica, cuyas manifestaciones más salientes
fueron el estancamiento y la inflación –con sus inevitables repercusiones
sociales- provocó el descontento popular, hábilmente utilizado por la
oposición, que se tradujo en la derrota del Partido Colorado en las elecciones
de 1958 –luego de más de noventa años en el poder- y el triunfo del Partido
Nacional y dentro de él de la fracción herrerista aliada con la Liga Federal de
Acción Ruralista, movimiento éste de confusa integración, pero que había
logrado en torno a su conductor, Benito Nardote, una entusiasta adhesión de los
sectores medios del agro.
El cambio
de los partidos en el poder significó un cambio trascendental en la política
económica, dado que los nuevos sectores gobernantes representaban
predominantemente a las fuerzas sociales agroexportadoras y en especial a las
ganaderas.
La nueva
orientación de la política económica respondió a los intereses específicos de
esos sectores y a la visión que tenían del desarrollo del Uruguay, procurando
en primera instancia la redistribución del ingreso –hasta ese momento favorable
al empresariado industrial, la pequeña burguesía urbana y la clase obrera- en
beneficio de los sectores del agro.
El acceso
del Partido Nacional al poder significó la adopción de la línea del Fondo
Monetario Internacional que ya había sido aceptada por otros países americanos
y a la que se habían resistido los gobiernos batllistas.
La
elaboración de la nueva política, en estrecha relación con las orientaciones
del Fondo Monetario Internacional, culminó con la aprobación de la ley de
Reforma Cambiaria y Monetaria en diciembre de 1959, lo que constituyó un cambio
radical respecto a la política que se había aplicado por el anterior gobierno.
En
términos generales, significó la apertura de la economía nacional, con una
progresiva reinserción en los canales de la división internacional del trabajo,
completada con el apoyo financiero externo.
Destacados
economistas señalan en relación a la nueva política que:
‘La
ideología económica reflejada en ella respondía en términos generales a una
orientación anti-industrial y antiproteccionista, restablecimiento de las
mejores condiciones para el desarrollo de las corrientes tradicionales de
exportación, redistribución de los ingresos a favor de la producción
agropecuaria, asignación de los recursos internos conforme a los dictados de la
división internacional del trabajo y reducción del peso del estado en la
política económica del país. O sea antiestatismo, conservatismo político y
económico, aceptación de la tradicional estructura agroexportadora, eliminación
de las ilusiones industrialistas autónomas’. (Macadar, Reig, Santías. 1971)
Se ha señalado que la ideología en que se
inspiraba era la del liberalismo económico, con el mercado libre y la libre
competencia, como reacción contra el dirigismo estatal y el intervencionismo
del Estado en la economía, a los que se consideraba causantes de la distorsión
de los precios y del sistema productivo. Sus objetivos fueron por lo tanto,
restablecer el equilibrio interno y externo mediante la creación de un mercado
de cambios libre con tipos únicos y fluctuantes, desmantelando los controles comerciales
y cambiarios y dando fin a la tendencia a los acuerdos comerciales bilaterales.
La Ley de
Reforma Cambiaria y Monetaria elaborada en el transcurso de 1959 en estrecha
consulta con el Fondo Monetario Internacional constituyó el principal
instrumento institucional implantado por el gobierno para modificar el comercio
exterior. Este había estado regulado desde la crisis de 1930 por un complejo
sistema de tipos de cambio múltiples, cuota de importación, contingentaciones, prohibiciones,
etc., que permitió el desarrollo del proceso industrializador. La nueva ley
desmontaba todo este aparato y lo sustituía por un sistema de cambio único
regulado por la oferta y la demanda. “ (pp. 63-66)
“Las
principales medidas de la nueva política fueron: elevación del tipo de cambio
oficial hasta la cotización del mercado libre 8el dólar pasó de $4,11 a $11);
el mercado único de cambios en el que se podrían adquirir y vender libremente
todas las divisas, sin especificación de origen y destino (con excepción de las
provenientes de ciertas exportaciones tradicionales cuya venta sería
obligatoria en el Banco de la República); libre importación y exportación de
bienes y servicios y denuncia de los convenios bilaterales; fijación de recargos
a las importaciones, según se tratara de mercaderías imprescindibles,
competitivas o suntuarias, no pudiendo el porcentaje máximo sobrepasar el 300%;
establecimiento de detracciones en moneda nacional sobre las exportaciones
tradicionales que no podrían ser inferiores al 25% ni superiores al 50% en el
caso de las lanas sucias; autorización para importar con créditos de
proveedores del exterior.”(pp, 66, 67)
(extraído de Alonso
Eloy, Rosa y Demasi, Carlos Uruguay 1958
– 1968 Crisis y estancamiento. Ed. de la Banda Oriental. Montevideo, 1986)
La economía en los
60 y durante la dictadura
Instituto de economía (2001) Uruguay del siglo XX. La
economía. Montevideo: Ed. Banda Oriental
“La temprana urbanización y un módulo de distribución del
ingreso bastante más progresivo que en los demás países de la América Latina,
constituían fundamentos importantes de la absorción referida. Este crecimiento
de la industria sustitutiva de importaciones se convirtió entonces en el
principal factor de dinamismo de la producción nacional, pero nunca llegó a
alterar el tipo de inserción internacional del país. Su única incidencia
destacable sobre el comercio exterior consistió en la modificación de la
estructura de las importaciones, al reducirse la participación relativa de los
bienes de consumo e incrementarse las de los insumos y los bienes de capital,
con lo que disminuyó progresivamente, el margen de maniobra del Uruguay para
seguir adelante por el camino asociado a este patrón de crecimiento.
Es que la interrelación existente entre los límites del
mercado interno, la dependencia tecnológica, las crecientes escalas de
producción requeridas y las exigencias planteadas para mantener un nivel de
rentabilidad suficiente como para seguir estimulando la expansión de la
producción, representó un obstáculo insuperable para el sector, que no obstante
la presencia permanente de la protección estatal, se estancó hacia mediados de
los años cincuenta del siglo pasado, como lo demuestran los índices del volumen
físico del producto bruto interno generado por las diferentes ramas de la
industria manufacturera. (…)
El Uruguay llegó entonces a la segunda mitad del decenio de
los cincuenta del siglo XX con un escenario de estancamiento global de su
producción material. La tasa de inversión bruta cayó a un nivel apenas superior
al 10 por ciento –guarismo que ponía apenas la reposición anual del capital
despreciado- y el ritmo de evolución del producto bruto interno disminuyó
notoriamente respecto a la década precedente. En particular, la caída de la
inversión resultó especialmente notoria en el sector privado y afectó tanto a
la construcción como a las maquinarias y los equipos, que son los dos
principales rubros en el proceso de formación de capital en el Uruguay. En
estas circunstancias, crecieron las dificultades en el funcionamiento de la
economía hacia comienzos de los años sesenta, que condujeron a serios
desequilibrios, alteraciones negativas en el campo laboral, deterioro de las
condiciones de vida de la mayoría de la población y contradicciones sociales
que se alimentaron especialmente de una pugna creciente por mantener participaciones
relativas en un producto que no crecía.
(…) el desequilibrio externo surge a partir del
estancamiento de las exportaciones y una estructura rígida de importaciones, en
la que se habían sustituído las de bienes de consumo, pero se mantenían las de
insumos y bienes de capital como una exigencia permanente para el
funcionamiento de la industria. Por este camino, se llegó rápidamente a un
déficit comercial pronunciado, a una pérdida importante de reservas
internacionales y a un acelerado crecimiento del endeudamiento. En efecto,
hacia mediados de los años sesenta del siglo XX, la deuda externa ya había
superado los 400 millones de dólares y diez años más tarde alcanzó el nivel de
los 1000 millones, cifra que representaba –aproximadamente- el volumen de
ingresos que el país obtenía por más de dos años de exportaciones. En
particular, cabe destacar el rápido crecimiento de la deuda externa del sector
público no monetario, esto es, el gobierno central y las empresas públicas.”
(p. 76, 77, 78, 79)
“… la crisis financiera interna se manifestaba como un
creciente desequilibrio entre los ingresos y los egresos del sector público,
con la consecuente expansión del déficit fiscal. Así, por ejemplo, si se
observa la gestión de caja del gobierno central, el valor real de dicho déficit
aumentó casi en un 40 por ciento entre los trienios 1963-1965 y 1972-1974.” (p.
80)
“El tipo de cambio constituye una de las variables
relevantes en el análisis del proceso inflacionario uruguayo. (…) ha sido uno
de los centros de las presiones de determinados grupos sociales, como los
exportadores –en especial los ganaderos y los frigoríficos- en el marco del
enfrentamiento por mantener o acrecentar las participaciones relativas en la
distribución del ingreso, al que se hizo referencia antes.
(…) Aún cuando es cierto que las devaluaciones sucesivas que
se aceleraron especialmente a contar de la finalización del decenio de los
cincuenta respondieron a su vez –en buena medida- a la acción de otros factores
generadores de inflación, también es preciso reconocer que, a determinada
altura del proceso, el manejo que se hizo del tipo de cambio contribuyó a
agudizar la elevación de los precios internos.
(…) Así, no obstante la espiral referida, la propia
naturaleza de este desequilibrio –en la que el ritmo de ajuste de los precios
es mucho más fluido que el que caracteriza a los salarios y otros ingresos
fijos- la convierte en un factor de concentración regresiva de las
participaciones relativas de los distintos grupos sociales en la distribución
de los frutos de la producción.
(…) cabe señalar en primer lugar que la evidencia disponible
al respecto indica que, en general, los trabajadores y el gobierno
transfirieron ingresos hacia los grupos empresariales nacionales y el exterior,
que los absorbió a través de las variaciones en la relación de términos del
intercambio o los servicios de factores. En este sentido, algunos cálculos
realizados en los últimos años para el período comprendido entre 1971 y 1976,
han estimado que cerca del 98 por ciento de los ingresos transferidos
corresponden al grupo de trabajadores, en tanto que el 70 por ciento de los
mismos fueron captados por grupos de empresarios nacionales.” (pp. 84, 85)
“ … hasta mediados de los años setenta del siglo pasado, o
sea, casi enseguida de finalizado el período cubierto por este trabajo, las
repercusiones de la dinámica de la acumulación interna sobre los problemas
propios de este recinto específico de la sociedad uruguaya pueden ser vistas
como una agudización de los desequilibrios entre la oferta y la demanda de
fuerza de trabajo –manifestados cuantitativa y cualitativamente- y un
consecuente incremento en los niveles de desocupación y subocupación. En
segundo lugar, la emigración en cuanto estrategia de sobrevivencia de grupos
socialmente diferenciados supone –desde la perspectiva de funcionamiento del
mercado laboral- una exportación de buena parte de la oferta excedente de
fuerza de trabajo. Finalmente, el deterioro del salario real medio de los
trabajadores se puede comprobar con claridad a medida que transcurren los años
cubiertos por este análisis.
(…) a partir de la primera mitad de los años sesenta,
comenzó a gestarse en el Uruguay un proceso de emigración que hasta 1975
involucró directamente –de acuerdo con los cálculos más cautelosos- a una
cantidad de entre 250 y 300 mil personas, que se mantuvo elevado en 1976 y que
pareció luego tender a endentecerse a partir de 1977.
(…) es importante señalar que los emigrantes poseían un
nivel de educación relativamente alto, lo que estuvo asociado al hecho de que
la creciente desarticulación entre el nivel medio de instrucción y capacitación
de la población activa y los requerimientos que –desde este punto de vista-
estaban implícitos en la demanda efectiva de mano de obra, desempeñó un papel
importante en la explicación del proceso emigratorio. Así, se sabe que casi la
mitad de los emigrantes entre 1963 y 1975 tenían instrucción primaria, que algo
más de la tercera parte de los mismos estaban vinculados a la industria manufacturera,
y que las tres cuartas partes eran nacidos en Montevideo. A ello hay que
agregar que, como parte de la emigración, el Uruguay perdió más de un 13 por
ciento de su población con instrucción secundaria, técnica o superior, y cerca
de un 18 por ciento de la categoría conformada por profesionales, técnicos,
gerentes y funcionarios administrativos.
Según ya fue dicho, los desequilibrios provocados por el
proceso económico uruguayo sobre el ámbito laboral estuvieron acompañados por
una tendencia al deterioro del salario real, sobre todo a partir de la primera
mitad de los años sesenta, cuando simultáneamente se aceleró la inflación. Esta
última asumió un papel fundamental en torno a la pugna social que apunta
mantener o acrecentar las participaciones relativas en el ingreso, como ya se
explicó antes.
Si se analizan los problemas ocupacionales del Uruguay
durante el período comprendido entre 1955 y 1972 desde una perspectiva
sectorial, las principales comprobaciones que es posible realizar refieren al
mantenimiento de la tendencia expulsora de mano de obra que caracterizó
tradicionalmente al sector agropecuario, la falta de cambios significativos en
la insuficiencia de la absorción productiva de fuerza de trabajo que ha
mostrado la industria manufacturera, la desmesurada participación relativa del
empleo en las actividades terciarias y la relevante declinación del sector
público como fuente de ocupación.
Al comentar en particular estos aspectos sectoriales, hay
que señalar que la muy baja y descendente importancia relativa del sector
agropecuario como fuente de trabajo es un rasgo histórico esencial de la
economía uruguaya, y está asociado al carácter primordialmente extensivo de su
producción ganadera que, según se dijo antes, ha basado siempre su competitividad
internacional en la dotación de recursos naturales. Si se tiene en cuenta que
con la sola excepción del decenio comprendido entre mediados de los cuarenta y
los cincuenta –cuando crecieron los cultivos a impulsos de una política estatal
específica- la ganadería ha ocupado alrededor de 15 de los casi 17 millones de
hectáreas con aptitud agropecuaria, se puede apreciar la enorme influencia que
la extensividad del rubro ha tenido sobre el ritmo de creación de oportunidades
de trabajo en el país considerado en su conjunto.
Cuando comenzaba el decenio de los sesenta, el agro generaba
más de la tercera parte de la ocupación fuera del departamento de Montevideo.
Hacia fines de la década siguiente, esa proporción cayó a la cuarta parte. Este
ritmo revela la magnitud de la tendencia expulsora del sector, la que –por su
parte- ha provocado una continua y creciente corriente migratoria interna hacia
los sectores urbanos. (…)
Simultáneamente, la economía uruguaya no tuvo durante las
décadas de los cincuenta y los sesenta, otro sector de la producción material
que absorbiera productivamente los excedentes de fuerza de trabajo. En este
sentido, la mayor responsabilidad debe ser asignada a la industria
manufacturera que, a contar del estancamiento que la afectó desde mediados de
los cincuenta, disminuyó relativamente su ya limitada generación de puestos de
trabajo.
(…) el sector industrial ha sido el que concentró la mayor
parte de los desocupados que no buscan trabajo por primera vez, aún cuando debe
señalarse que esa proporción también mostró una evolución decreciente. Ello
tiene que ver con el hecho de que una alta proporción de los emigrantes entre
1963 y 1975 –que ha sido estimada en más de 34 por ciento- estaban vinculados a
la industria manufacturera, perteneciendo mayoritariamente a la categoría de
artesanos, operarios y jornaleros.
Hacia fines del período que se viene analizando, la
industria manufacturera concentraba menos de la quinta parte de la población
económicamente activa del país –lo que ilustra claramente acerca de su poca
importancia relativa como fuente ocupacional- y las ramas individualmente
consideradas que tenían un mayor nivel absoluto de empleo eran las siguientes:
textil y cuero; alimentos, bebidas y tabaco; caucho; química y metalúrgica. Al
mismo tiempo, con la excepción de la construcción, era el sector de la economía
que mostraba más altas tasas de desempleo abierto.
(…) la carencia de una industria fuerte que cumpliera un
papel dinámico en la absorción productiva de fuerza de trabajo originó un vacío
que fue ocupado –desde este punto de vista- por el sector público, apoyado en
la conformación tradicional del Estado uruguayo.” (pp. 86 - 92)
“Con la dictadura ya instalada a contar de 1973, el Uruguay
comenzaría a conocer una política de liberalización y apertura que provocaría
una fuerte compresión del salario real –mucho más allá de las posibilidades que
permitía la inflación al respecto- y una nueva experiencia de articulación a la
economía mundial.” (p. 94)
“El gobierno que asumió en marzo de 1972 duró poco más de un
año, hasta el golpe de Estado de junio de 1973. Tuvo que enfrentar la crisis de
pagos externos que se inició a fines de 1971 y que se manifestó en caída de
reservas, acelerado aumento del endeudamiento externo, atraso en los pagos a
proveedores y quiebra de bancos.
Definió una nueva estrategia económica en el Plan Nacional
de Desarrollo 1973-1977 (PND) aprobado por el Poder Ejecutivo en abril de 1973
luego de ser analizado por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
El modelo de desarrollo intentó aumentar las exportaciones
con una mayor explotación de los recursos naturales del país y procesamiento de
sus materias primas. La Ley de Promoción Industrial y el Plan de Pesca
agregaron estímulos crediticios y fiscales. La Ley de Inversiones Extranjeras
estableció las garantías para la radicación y repatriación de capital y
utilidades explicitando que podían acogerse a los demás estímulos de carácter
general.
La política económica de corto plazo apunto a cumplir los
compromisos de pagos externos. (…) Se firmaron cartas de intención con el FMI
desde junio de 1972 y se logró su apoyo financiero para sostener el nivel de
reservas y poner al día los atrasos de pagos externos.
(…) Finalmente, se aceleró la inflación y se inició una
tendencia a la concentración del ingreso; el ritmo de inflación alcanzó al
86.8% promedio anual y el salario real en 1972 cayó 17%.” (pp. 96, 97)
“Las transferencias de ingresos desde los asalariados y los
pasivos, como se explicará más adelante, aumentaron la rentabilidad media de la
economía y los ingresos públicos. Financiaron las transferencias de ingresos al
exterior, el aumento de la inversión y el mayor consumo de los no asalariados.
La concentración del ingreso llevó a una reestructura del consumo privado, por
la caída del consumo de los asalariados y pasivos y por lo tanto la demanda
interna de bienes-salario, mientras que aumentó el consumo de los no
asalariados con repercusión sobre la producción y las importaciones de bienes
de consumo suntuario.
El permanente saldo negativo en cuenta corriente otorgó una
nueva y creciente importancia al ingreso neto de capital, como condición del
crecimiento del producto, permitió aumentar y diversificar las importaciones
así como su liberalización, aumentar las reservas internacionales y mantener
una situación fluida de pagos externos; con el costo de un creciente
endeudamiento externo.
En la deuda externa del país, la deuda contraída por el
Sector Público (Gobierno Nacional y Municipales; Bancos y otras Empresas
Públicas) fue más importantes que la del Sector Privado. El principal
componente fue el sector público no monetario (Gobierno Nacional y Empresas
Públicas) y dentro de éste, la colocación de bonos y letras en moneda
extranjera.” (p. 99)
“Las condiciones políticas contribuyeron a: proporcionar
seguridad para el ingreso de capital del exterior así como para la inversión
privada local; procesar las transferencias de ingresos, en particular, mediante
la contracción de los ingresos reales de asalariados y pasivos …” (p. 100)
Otros Autores sobre el período:
Dassatti, C., Márquez, G. (2012) La economía uruguaya
1960-2010, en 1960-2010 Medio siglo de Historia Uruguaya. Montevideo: Ed. Banda
Oriental
“El desempleo abierto aumentó al 14.3% en 1984. El salario
real medio cayó un 30% entre 1982 y 1984, continuando una tendencia iniciada en
1971 y que lleva al final del período a la capacidad de compra del salario
aproximadamente a la mitad de la de 1968/71. Las pasividades en términos reales
tienen una evolución muy parecida y su caída en los dos últimos años del
período se puede estimar en torno al 30%.
Los cambios en el Estado y en la economía derivaron en el
ascendente protagonismo de un nuevo actor social. Hasta principios de la década
del setenta se identificaban tres actores principales aunque no únicos, los
ganaderos, los industriales y los asalariados urbanos. Los primeros generaban
la producción exportable y las exportaciones eran la principal y casi única
fuente de moneda extranjera. La moneda extranjera permitía importar las materias
primas y los equipos para la industria protegida, que generaba los nuevos
puestos de trabajo. Con el desarrollo de la industria y los servicios públicos,
aumentan los asalariados urbanos.
Al final del período podemos hablar de un cuarto socio, el
capital financiero. Tiene su base en las instituciones de intermediación
financiera y articula también a los acreedores externos y los propietarios de
depósitos bancarios, residentes en el país o en el exterior.” (pp. 120, 121)
“El 1º de noviembre de 1967 asumió como nuevo ministro de
Economía del Gobierno del Gral. Gestido el Dr. César Charlone. Dicho cambio de
autoridades determinó una vuelta a las prácticas dictadas por el FMI, siendo
los principales objetivos de política económica el logro de la estabilización
en el nivel de precios y el equilibrio en las cuentas externas. Se esperaba
que, con el cumplimiento de dichos objetivos, se lograría la repatriación de
capitales, la recomposición del ahorro privado y la confianza por parte de los
mercados internacionales. De esta manera, las principales medidas adoptadas
fueron las siguientes:
Devaluación del tipo de cambio oficial, que pasó de $99 a
$200 por dólar, en noviembre de 1967.
Reunificación del mercado cambiario.
Liberación de dicho mercado, con la salvedad de que las
operaciones de divisas derivadas de las exportaciones tradicionales deberían
tramitarse a través del BROU.
Limitación del crédito, restricción de los aumentos
salariales y reducción del déficit fiscal, con el fin de eliminar presiones
inflacionarias por el lado de la demanda.
No obstante, a pesar del cumplimiento de las metas
planteadas, la persistente inflación condujo a una nueva devaluación en abril
de 1968, llevando la cotización del dólar a $250. (…) la situación de
estancamiento económico potenció la presencia de prácticas especulativas, las
cuales se intensificaron en este período, encontrándose entre las principales
causas de las presiones inflacionarias.” (163, 164)
“Las circunstancias económicas en 1968 planteaban como
principales problemas a enfrentar: un elevado déficit fiscal, un significativo
nivel de endeudamiento con el exterior y un acelerado ritmo inflacionario. Este
agravamiento del clima económico se vio acompañado de –y en cierta medida
alimentó- un deterioro de las relaciones entre sectores de la sociedad,
caracterizado principalmente por la confrontación. (…)
Los principales objetivos de la política económica en este
período se basaron en el logro del equilibrio externo y la estabilización del
nivel de precios. Con respecto al primero, se buscaba recuperar el nivel de
reservas internacionales y reducir el endeudamiento externo de corto plazo. Con
respecto al objetivo en materia de política inflacionaria, se instrumentó un
plan de estabilización a partir del cual se decretaba la congelación de precios
y salarios.
Dicha medida se implementó con anterioridad al ajuste
corrector del salario real, determinando así una fuerte depresión en su nivel;
en cambio, en el momento de implementarse el decreto, los sectores
empresariales ya habían remarcado sus precios de venta. A la suspensión de los
Consejos de Salarios (en funcionamiento desde 1944), le siguió la creación de
la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), entidad pública a cargo del control
de las nuevas escalas de precios y salarios fijadas por decreto.” (p. 164)
La política
económica de la dictadura
“Primera etapa, 1974-1978: ‘intervencionismo
reestructurador’
Este período marca la adopción de una política inspirada en
el Plan de Nacional de Desarrollo 1973-77, complementado luego en los Cónclaves
de San Miguel y Nirvana (de agosto y octubre de 1973, respectivamente) con la
finalidad de promover cambios estructurales en la economía del país. La
estrategia se basó en la opción aperturista y de integración económica y
comercial con el mundo. (…)
Se impulsó la expansión del sector exportador en el
entendido de que su crecimiento provocaría el arrastre del resto de la
economía. Durante este período, luego de un estancamiento económico de veinte
años, el país logró una etapa de crecimiento apoyado en la inversión y las exportaciones.
El costo de esto fue una concentración del ingreso y una disminución del
salario real.
Este período ha sido llamado ‘intervencionismo
reestructurador o ‘segundo modelo neoliberal’. A pesar de que el principio
declarado era apoyarse en el libre mercado para la distribución de los recursos
y regular el funcionamiento de la economía, la práctica intervencionista fue
una característica permanente. El propósito era reestructurar la economía del
país para superar aquellas trabas que, según esta concepción, impedían su
desarrollo. Cabe destacar que esta reestructura no se llevó a cabo porque el
libre juego del mercado así lo determinó, sino que el nuevo orden fue impuesto
utilizando para ello el poder coercitivo que la situación política dictatorial
brindaba.
(…) En 1974 se designó al Ing. Alejandro Végh Villegas como
ministro de Economía. Los pilares de la nueva política económica serían los
objetivos de crecimientos, liberalización, apertura y estabilización, y la
reducción de la participación del Estado. La apertura comercial aproximaría la
estructura de precios internos a la estructura de precios internos a la
estructura de precios internacionales y, de ese modo, los recursos se
asignarían según el principio de las ventajas comparativas.” (pp. 170,171)
“Segunda etapa, 1978-1982: ‘liberalismo estabilizador’
En el análisis de los objetivos de política económica en el
período comprendido entre 1978 y 1982 se pueden encontrar dos etapas: en la
primera, hasta fines de 1981, el objetivo primordial fue la estabilización de
precios con una instrumentación de carácter liberal, en tanto que en una
segunda etapa se incorpora la preocupación por atenuar la recesión retomándose
cierto grado de intervencionismo.” (p. 181)
“En octubre de 1978 el gobierno anunció la introducción de
‘la tablita’, una planificación diaria del tipo de cambio unificado (comercial
y financiero) que estaría vigente hasta seis o nueve meses después. El objetivo
de esta nueva política cambiaria era la reducción del volumen de transacciones especulativas
y de riesgo cambiario y la disminución de las expectativas de inflación futura
(la tasa de inflación doméstica debería converger a la tasa de inflación
internacional más la cada vez menor tasa de devaluación del peso).
(…) el BCU solo emitiría dinero contra el ingreso de divisas
y lo retiraría cuando egresaran divisas, por lo que su capacidad para conceder
crédito y aumentar el circulante en la economía se encontraría limitada. Como
resultado, desaparecerían los aumentos de precios originados en la emisión
descontrolada de origen monetario o fiscal, de modo que tanto los precios como
las tasas de interés internas convergerían a las internacionales.
Para que esto fuera posible era necesaria la eliminación de
todos los obstáculos al libre movimiento de capitales.” (p. 182)
“En concordancia con el nuevo enfoque de política cambiaria,
fueron eliminados los controles sobre la oferta de dinero. De esta manera, a
fines de 1978 comenzaron a reducirse los encajes obligatorios y, a fines de
marzo de 1979, los mismos fueron eliminados así como también las operaciones de
mercado abierto.
Al mismo tiempo, el proceso de liberalización financiera
intensificó su ritmo, como lo demuestran la liberalización de las tasas de
interés en setiembre de 1979, la derogación del Impuesto Único a la Actividad
Bancaria, el aumento de los márgenes de receptividad de los depósitos y la
autorización del establecimiento de nuevas instituciones bancarias. (…) el
número de casas bancarias se multiplicó, y pasaron a basar su negocio netamente
en la actividad off-shore.
Por último, cabe destacar que, como resultado del proyecto
de transformar a Uruguay en una plaza financiera internacional, se dio una
importante extranjerización e internacionalización del sistema financiero
uruguayo. Esto se explica por la instalación de trece nuevas casas bancarias
filiales de capital extranjero y la venta de cuatro bancos de capitales
nacionales a extranjeros, así como por el aumento de la importancia relativa de
las operaciones en los mercados financieros externos. No obstante, la plaza
financiera tuvo un carácter regional, en la medida que los capitales que
ingresaron eran fundamentalmente de los países vecinos.” (p. 183)
“El endeudamiento externo registró aumentos derivados de la
entrada de capitales dirigida al sector privado y del financiamiento público.
Dentro del sector privado, el subsector que dominó la expansión de la deuda
externa fue el bancario, debido fundamentalmente al incremento de los depósitos
de no residentes. Con respecto al sector público, el subsector público no
financiero fue dominante, dentro de cuyo destino se destacó el rubro
infraestructura (financiación de la represa hidroeléctrica de Palmar).
Hacia 1982, la inseguridad, tanto financiera como cambiaria
(derivada la primera de las crecientes dificultades de pago de los deudores
bancarios y la segunda de la progresiva desconfianza en el mantenimiento del
cronograma cambiario), se tradujo en una significativa fuga de capitales.
Como consecuencia del aumento del déficit de cuenta
corriente y de la reversión del flujo de ingreso de capitales, se deterioraron
los niveles de reservas internacionales del BCU, a lo que también contribuyó la
considerable fuga de recursos financieros nacionales hacia el exterior. Otro
factor que influyó en la pérdida de reservas fue la creciente transformación en
dólares de gran parte de los depósitos a plazo denominados en moneda nacional.
De esta manera, la pérdida neta de reservas internacionales
(de alrededor de 638 millones de dólares) excedió a las ganancias netas
generadas en los años anteriores, culminando en la incapacidad de pagos
externos a fines de 1982.” (pp. 186, 187)
“El detonante de la recesión que se inició a partir del
segundo semestre de 1981 fue la reversión de la relación de precios favorable
con Argentina, como consecuencia del abandono del cronograma cambiario en dicho
país en marzo de 1981. Esto se sumó a la situación económica ya deteriorada por
la recesión internacional y el impacto de las crecientes tasas de interés en el
servicio de la deuda externa uruguaya.” (p. 187)
Tipo de cambio
En octubre de 1978 se dio inicio al régimen conocido como
‘la tablita’, el cual consistió en una planificación diaria del tipo de cambio
(unificado) por un período de entre seis a nueve meses. Esta nueva política
cambiaria implicaba la administración de las reservas internacionales y un
manejo muy cuidadoso del gasto público.
Si bien en la teoría se esperaba lograr una alineación de
los precios internos a los internacionales, en la práctica la variación del
tipo de cambio nominal comenzó a mostrar rezagos con respecto a la evolución de
los precios internos, afectando de forma negativa a la competitividad del país
con el resto del mundo.
Finalmente, la pérdida de reservas internacionales registrada
en 1982 puso en jaque la sostenibilidad del régimen cambiario imperante.” (p.
188)
Expansión de la actividad financiera
El sector financiero se vio ampliamente beneficiado con las
políticas aplicadas en el período.
Todo esto fue posible debido a la ausencia de controles
regulatorios, producto del profundo proceso de liberalización aplicado en el
sector financiero en este período. De esta manera, el acceso prácticamente
irrestricto al crédito abundante se conjugó con su utilización frecuentemente
imprudente.
La combinación de la mayor disponibilidad crediticia en
conjunto con la existencia de expectativas favorables en algunos sectores
económicos, se tradujo en el surgimiento de booms económicos con un elevado
contenido especulativo. Como consecuencia, se verificó un sostenido crecimiento
de la deuda de los distintos sectores productivos con el sistema bancario
privado. Al mismo tiempo, tuvo lugar una fuerte expansión del crédito al
consumo como fuente de financiamiento de compras de bienes de consumo duradero
importados.” (p. 189)
“Otra de las consecuencias de la profundización de la
apertura financiera registrada en el período se refiere a la dolarización de la
economía y, principalmente, del sector financiero. Como ya mencionamos, la
existencia de fuertes atractivos de rentabilidad para las operaciones en
dólares, en conjunto con la existencia de atraso cambiario, motivaron un fuerte
ingreso de capitales extranjeros con fines especulativos, una contracción
progresiva de la base monetaria y una utilización más intensiva del dólar como
unidad de cuenta y depósito de valor.” (p. 191)
Caída de salarios y pasividades
Con respecto a la situación de los asalariados y pasivos, la
transferencia de ingresos desde estos sectores hacia el sector empresarial
siguió vigente. En particular, en el período 1978-1982, dicha transferencia se
apoyó fundamentalmente en los sectores de menores ingresos. Como contrapartida,
los ingresos del capital global continuaron aumentando. No obstante, en este
período se observó una nueva tendencia en cuanto a la redistribución de
ingresos; la transferencia desde el capital comercial y productivo hacia el
capital financiero.
Como consecuencia del continuo deterioro de los ingresos de
la clase trabajadora se produjo una mayor concentración del ingreso, provocando
como respuesta estrategias de supervivencia como el ‘sobretrabajo’ o la
emigración.” (p. 191)
Tercera etapa, 1982-1984: ‘intervencionismo de
supervivencia’
(…) El 25 de noviembre de 1982 el BCU comunicó su retiro del
mercado cambiario, dando fin así al régimen cambiario de ‘la tablita’. La grave
situación económica que enfrentaba el país fue uno de los principales factores
que explicaron este cambio de política. En particular, existía una crítica
situación en el sector externo, que se traducía en una continua pérdida de
reservas internacionales y en crecientes dificultades para hacer frente a los
pagos externos.
Las políticas aplicadas en este período respondieron a las
condiciones plasmadas en el crédito firmado con el FMI en febrero de 1983.
Dicho organismo desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y sus
acreedores, la banca privada internacional.
(…)la política económica aplicada durante el período
comprendido entre fines de noviembre de 1982 y fines de 1984 puede ser considerada
como un ‘intervencionismo de supervivencia. Esta caracterización responde a dos
aspectos: por un lado, el manejo de los instrumentos de política económica
implicó la sustitución del rol del mercado por parte del Estado, en tanto que,
por otro lado, se buscaba el logro de mejores condiciones para subsistir en la
crisis.
Entre fines de 1982 y comienzos de 1983 se definieron los
lineamientos generales de la política económica del período, los cuales se
dieron a conocer en un comunicado del gobierno del 26 de noviembre de 1982 y en
la Carta de Intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI) del 1º de
febrero de 1983.
En el marco de una situación deteriorada, el Gobierno debió
recurrir a la asistencia financiera del FMI, para lo cual se comprometió a
desarrollar un programa de ajuste de los desequilibrios existentes. (…) En este
período, una importante porción de la deuda externa de nuestro país tenía como
acreedores a los bancos transnacionales, y la asistencia del FMI era
insuficiente para atender el calendario de pagos previsto. De esta manera, el
FMI desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y la banca transnacional,
garantizando que el ajuste económico plasmado en el programa aseguraría el
cobro de sus préstamos con los intereses correspondientes. (…)
La política cambiaria: flotación limpia
Los intentos de mantenimiento del cronograma cambiario se
traducían en una continua pérdida de reservas internacionales. Esta situación
llevó a que, el 25 de noviembre de 1982, se abandonara la política cambiaria de
mini devaluaciones preanunciadas y se sustituyera por un régimen de libre
flotación de la moneda. Asimismo, se eliminaron los reintegros y se redujeron
los aranceles, traduciéndose en menores efectos de instrumentos fiscales sobre
el tipo de cambio efectivo.
La intención del equipo económico de este período era, luego
del aumento del tipo de cambio y un período de oscilaciones, cuando encontrara
su nivel de equilibrio, llevar a cabo una política cambiaria flexible con
posibles intervenciones de la autoridad monetaria. A partir de esta medida, el
dólar pasó de N$ 13,81 en el último día de ‘la tablita’ a N$ 22 en el día de la
reapertura del mercado, y a N$ 35 a fines de diciembre de 1982.” (p. 193)
La política comercial: nuevos pasos en la liberalización y
apertura
Con respecto a las importaciones, se avanzó en el proceso de
liberalización y apertura, a través de una fuerte reducción arancelaria y la
eliminación de aforos y precios de referencia de carácter proteccionista. De
esta manera, las importaciones que competían con los productos nacionales
vieron reducir su arancel en un 30%, con un máximo que se fijó en 55%.
(…) La promoción de las exportaciones se basó principalmente
en el tipo de cambio y en la reducción del costo de la mano de obra, y mantuvo
un tratamiento igual para exportaciones tradicionales y no tradicionales.” (p.
193)
“Como consecuencia de la recesión, las carteras de deudas a
cobrar por parte de los bancos se tornaban cada vez más difíciles de liquidar
La situación se agravó aún más cuando, en agosto de 1982, México declaró la
imposibilidad de pago de su deuda. La llegada de esta noticia en conjunto con
el abandono del cronograma cambiario derivó en un importante retiro de
depósitos en el sistema bancario.
El Estado asumió la mayor parte de los costos de la crisis
bancaria, mediante la compra de carteras y la absorción de los bancos en
dificultades por parte del BROU y/o la Corporación Nacional para el
Desarrollo.” (p. 194)
Bohoslavsky,J. (Ed.)
(2016) El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la
dictadura uruguaya. Uruguay: Ed. Penguim Random House.
Capítulo 4. La estrategia y la política económica de la
dictadura, 1973-1984. Jorge Notaro
"En junio de 1968 con Pacheco Areco como Presidente de
la República, con una inflación que por primera vez superó el 100% anual, se
adoptó una medida sin precedentes: la congelación de precios y salarios. Esta
PE no logró dinamizar las exportaciones y la experiencia terminó con una
importante devaluación en 1971, que se trasladó a los precios y provocó una
caída de 17% del salario real durante el primer año del nuevo gobierno con
Bordaberry como Presidente. La plusvalía captada por las actividades ganaderas
aumentó 50% sobre el nivel de 1971 (IECON, 1973: 54-57)." (88)
"El gobierno que asumió en marzo de 1972 definió una
nueva estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 que proponía
aumentar las exportaciones con una mayor explotación y procesamiento de los
recursos naturales con participación del capital extranjero. Se firmaron cartas
de intención con el FMI desde junio de 1972 y se logró su apoyo para poner al
día los atrasos de pagos externos. (...) el Producto Bruto Interno (PBI) cayó
levemente pero el ingreso nacional bruto disponible (YNBD) aumentó por la
ganancia de términos de intercambio, se aceleró la inflación, el Índice de
Precios al Consumo (IPC) alcanzó 86,8% promedio anual y el salario real medido
por el Índice Medio de Salarios (IMS) en 1972 cayó 17%.
El largo proceso de deterioro económico y político así como
los conflictos sociales fueron modificando el peso relativo de los actores y el
gobierno se fue deslizando hacia la dictadura aceptando condiciones de las
Fuerzas Armadas en febrero de 1973 y la disolución del Parlamento en junio del
mismo año. Entre los militares se fue afirmando la idea de que los políticos
eran corruptos e ineficaces para resolver los problemas económicos y enfrentar
el comunismo internacional. Adicionalmente, como funcionarios públicos no
sindicalizados y despreciados por la oligarquía, sus ingresos se deterioraban.
En febrero de 1973 las Fuerzas Armadas plantearon exigencias
al presidente Bordaberry, quien aceptó firmar en el llamado Acuerdo de Boiso
Lanza. Una de las condiciones fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional
(COSENA) (Decreto 163/973 del 23/02/7f3 y Decreto-Ley 14.157 del 21/02/74) como
asesor del Poder Ejecutivo en seguridad nacional en un sentido muy amplio que
incluía la actividad económica y social. Integrado por el Presidente, algunos
ministros y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, institucionalizaó
la participación militar en las decisiones del gobierno. La primera
participación relevante en la estrategia y la política económica fue aprobar el
Plan Nacional de Desarrollo y con la disolución del Parlamento se
institucionalizó su hegemonía.
El intervencionismo reestructurador 1974-1978
La PE de este período puede caracterizarse como
'intervencionismo' por el manejo de los instrmentos lo que implica una
importante discrecionalidad del gobierno y 'reestructurador' por sus objetivos
preioritarios, que apuntaban a modificar las estructuras de la producción, del
comercio exterior, de la distribución del ingreso, de la demanda y de los
precios relativos (Notaro, 1984: 39-102).
La PE preexistente sobrevivió algunos meses a los cambios
políticos y en el equipo económico, fue un período de observación y aprendizaje
de la gestión del gobierno para las Fuerzas Armadas. Desde agosto de 1973 hasta
octubre de 1978 la estrategia se ajustó en cuatro reuniones conocidascomo
'Cónclaves' en las que participaron los civiles que ocupaban cargos políticos y
los militares de mayor graduación. Se integraron las propuestas del Plan
Nacional de Desarrollo con las de los militares, quienes habían expresado anteriormente
en distintos documentos -entre los que se destacan los Comunicados Nº4/73 y
7/73, de fecha 9 y 10 de febrero de 1973-, que tenían por objetivo 'hacer saber
al pueblo cuál era exactamente el pensamiento de las FFA respecto de los
grandes y acuciantes problemas de la vida nacional'; el Memorando del 11 de
febrero de 1973, dirigido al Presidente de la República con las propuestas de
las Fuerzas Armadas para superar la crisis; y la Relación de Objetivos
Nacionales y Pautas de Planificación y Conducción Nacional, Documento de la
Junta de Comandantes en Jefe de mayo de 1973 que consolidó los anteriores y
definió prioridades.
En julio de 1974 se designó al ingeniero Alejandro Végh
Villegas como Ministro de Economía y Finanzas, quien renunció por discrepancias
con el proceso de retorno a la democracia en julio de 1976 y fue sustituído por
el Subsecretario, Cr. Valentín Arismendi. Se implementó una política de
promoción de exportaciones industriales que incluía costo de mano de obra muy
bajo, una devolución de impuestos que era una forma encubierta de subsidios,
créditos a tasas de interés reales negativas, acceso a los mercados externos
con los acuerdos llamados CAUCE con Argentina y PEC con Brasil por los cuales
estos países se comprometían a aceptar determinados montos de exportaciones de
determinados productos sin aranceles. Se reinició el crecimiento del PBI y en
menor medida del YNBD; aumentó la Inversión Bruta Fija (IBF) y, la importancia
relativa de las exportaciones así como la demanda del sector público y el
permanente déficit comercial se financió con ingreso neto de capital. Se
reestructuró la demanda por aumento de la importancia relativa de la demanda
externa y de la demanda pública; aumentó la concentración del ingreso apoyada
en la persistente caída del salario, la mayor captación interna de los
excedentes generados y el ingreso neto de capital. La inflación fue el costo
para promover una estructura de precios relativos, considerada adecuada y en
particular, un tipo de cambio alto en términos reales. El ingreso de capital
contribuyó a financiar la inversión y fundamentalmente, permitió aumentar y
diversificar las importaciones. Estas últimas crecieron más que las
exportaciones y que el producto, de modo que el desequilibrio en cuenta
corriente se volvió estructura. Las transferencias de ingresos desde los
asalariados y los pasivos aumentaron la rentabilidad media de la economía y los
ingresos públicos, y financiaron las transferencias de ingresos al exterior, el
aumento de la inversión y el mayor consumo de los no asalariados. Se completó
así la exclusión social de los trabajadores con su exclusión económica y los
ingresos transferidos se distribuyeron mediante diversos mecanismos entre
grupos empresariales de todas las actividades económicas lo que permitió
construir una amplia base social constituida por fracciones burguesas
incluyendo estratos medios y pequeños que contaron además, con el apoyo del
capital financiero externo (Notaro,1984: 94)"(88-92)
"Durante los primeros años de la dictadura, la
oligarquía local manifestó su apoyo a la dictadura en declaraciones delas
principales organizaciones empresariales y, por ejemplo, en agosto de 1978 el
conjunto de gremiales patronales rurales apareció en televisión junto al
General Gregorio Álvarez diciendo que la liberalización de los precios de los
productos de la ganadería era una medida patriótica. Se ha señalado que 'Las
medidas tuvieron como objetivo el aumento de los niveles de rentabilidad del
sector' (Araújo, 2008:2) así como 'la relación entre los dirigentes de las
gremiales y los técnicos del régimen fue más que directa'. (Araújo, op.cit:
48). Contó con apoyo importante del FMI durante el primer semestre de 1974,
cuando la caída de los valores de las exportaciones (carne vacuna
principalmente) y el aumento de los de las importaciones (petróleo) generaron
un importante déficit comercial y reducción de las reservas internacionales
netas del BCU.
La liberalización para la estabilización de precios
1979-1982
Desde noviembre de 1978 hasta noviembre de 1982 la PE se
caracteriza como 'liberalismo estabilizador' por el manejo más liberal de los
instrumentos y la prioridad absoluta del objetivo de estabilización de precios
(Notaro, 1984: 103-184). El equipo económico fue estable, continuaron el Cr.
Valentín Arismendi como Ministro de Economía y Finanzas, y José Gil Díaz como
Presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). Se definió cronograma cambiario
conocido como la tablita que anunciaba la cotización del dólar a la que el BCU
se comprometía a comprar y a vender, cada día, a varios meses de plazo en un
contexto de libre movimiento internacional de capital y alto grado de apertura
comercial. Se esperaba que el ingreso de capital aumentara la oferta de moneda
extranjera y de crédito, estabilizara el tipo de cambio y redujera las tasas de
interés internas al nivel de las externas, cambios sumados a la liberalización
de las importaciones llevarían a la estabilidad de los precios internos, lo que
permitiría un tipo de cambio fijo creándose así las condiciones para la
instalación de un centro financiero internacional en el país.
El proceso económico no se desarrolló de acuerdo a los
esperado, la devaluación fue menor que el aumento de precios internos, las
empresas del país perdieron competitividad con el atraso cambiario que se sumó
a la reducción de la protección y la eliminación de promoción de exportaciones,
el nivel de actividad de la industria manufacturera cayó en 1981 y al año
siguiente la economía ingresó en una fase recesiva con aumento del desempleo. Los
sucesivos y crecientes déficit de la cuenta corriente y la expansión de la
demanda interna generaron una demanda creciente de recursos externos.
Las tasas de interés domésticas aumentaron más que la inflación
y se ubicaron por encima de las tasas de interés internacionales, con impactos
contradictorios. Por una parte, aumentó la rentabilidad de la intermediación
financiera estimulando el ingreso neto de capital y la expansión de la
actividad. Por otra, también aumentaron la importancia de los pasivos externos
con relación al producto y el costo real del crédito. Los stocks de difícil
realización, el endeudamiento y la incapacidad de pagos llevaron a capitalizar
los intereses vencidos, generando nuevos requerimientos de financiamiento
externo sin contrapartida en expansión del nivel de actividad.
Con el descenso de la inflación a 20% en 1980 comenzaron a
manifestarse dificultades para el pago de los créditos, la política cambiaria
perdía credibilidad, los depósitos se convertían a moneda extranjera y los bancos
trasladaban el riesgo cambiario obligando a los deudores a convertir su deuda a
moneda extranjera. En el segundo semestre de 1981 se puso en marcha un proceso
de fuga de capital, comenzó a reducirse la captación interna y a aumentar la
colocación externa. El endeudamiento de las empresas con el sistema bancario
alcanzó 80% del PBI en 1982.
La expectativa de una inminente devaluación estimuló el
aumento de demanda de moneda extranjera, el aumento del déficit en cuenta
corriente y la salida de capital deterioraron el nivel de reservas y culminaron
en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982. En noviembre las reservas
alcanzaron su nivel mínimo en 279 millones de dólares y el día 25 del mismo mes
el BCU se retiró del mercado cambiario y dejó de vender moneda extranjera a la
cotización establecida en el cronograma, el tipo de cambio se fijo por la
oferta y la demanda en un mercado sin intervención del BCU y en días siguientes
se produjo una devaluación de algo más de 100%.
Desde 1980 aumentaron los concordatos y las quiebras, los
clubes de bancos que intervinieron la gestión de los deudores morosos y la
venta de bancos con dificultades. Las organizaciones empresariales
agropecuarias e industriales manifestaron discrepancias crecientes desde 1980
señalando como principales dificultades la reducción de las ventas en el
mercado interno y externo, los altos costos financieros y la caída de la
rentabilidad.
La intervención para la supervivencia del capital financiero
1983-1984
Desde noviembre de 1982 la PE se puede caracterizar como
'intervencionista' porque la instrumentación implicó un aumento de la
participación del Estado y 'de supervivencia del capital financiero' porque
tuvo como objetivo prioritario sostenerlo. El Ministro de Economía y Finanzas Arismendi
fue sustituído por el Cr. Walter Luziardo (el 15 de diciembre de 1982) y se
completó el cambio del equipo económico que se había iniciado en julio con la
sustitución de Gil Díaz por el Cr. José María Puppo en la Presidencia del BCU.
El nuevo equipo duró poco tiempo pues en noviembre de 1983 volvió Végh Villegas
como Ministro de Economía y Finanzas y en febrero de 1984 Puppo fue sustituído
por el Cr. Juan Protasi.
La nueva estrategia se definió en un comunicado del gobierno
(26 de noviembre de 1982) y en la Carta de Intención dirigida al FMI (1º de febrero
de 1983). (...)
Entre las medidas se destacan las compras de cartera que
permitieron desplazar hacia el Estado la mayor parte de los deudores bancarios
morosos y el respaldo a las ventas de bancos y casas bancarias haciéndose cargo
el Estado de la cartera incobrable. Se consolidó la hegemonía del capital
financiero asegurando la supervivencia de las instituciones de intermediación
financiera así como la recuperación de las colocaciones a los acreedores externos
y los propietarios de depósitos bancarios, residentes en el país o en el
exterior, en todos los casos, con altos niveles de rentabilidad.
El experimento de la tablita terminó en una catástrofe
económica y a medida que se expandían sus impactos negativos, los actores
empresariales que se habían beneficiado durante varios años comenzaron a quitar
el apoyo a a la dictadura militar desde 1980. La Federación y la Asociación
Rural solicitaron la refinanciación de las deudas bancarias y mayores estímulos
fiscales en junio de 1980. Un año después la Federación reiteró sus reivindicaciones
y declaró que 'el equipo económico no cuenta con la confianza de los
productores'.
Para la industria el estímulo más permanente fue la
reducción del costo de la mano de obra, en estos años por una acelerada
reducción del aporte patronal a la seguridad social. El desmantelamiento de la
promoción de exportaciones, la reducción de aranceles, el atraso cambiario y
las altas tasas de interés en términos reales, generaron una situación crítica
en toda la industria. En abril de 1982 la asamblea de la Cámara de Industrias
se declaró en 'estado de emergencia', solicitando un mayor ritmo de
devaluación, la suspensión de la reducción de aranceles y la refinanciación de
las deudas bancarias. El Ministro del Interior consideró que la resolución
indicaba un clima de 'presión, desafío y enfrentamiento' por lo que justificó
la negativa del gobierno a recibir a una delegación de la gremial.
El estancamiento, la inflación y la crisis financieras desarmaron
la base social del gobierno contribuyendo a crear condiciones favorables para
la transición a la democracia. Touraine señala que en Chile y Argentina el
resultado de la política económica de las dictaduras fue una
'desindustrialización' (1987:11). Se podría agregar el caso de Uruguay y
subrayar la diferencia con la política económica de la dictadura brasileña, que
por ejemplo, mantuvo múltiples estímulos a la inversión productiva y un
estricto control del movimiento internacional de capital.
El FMI recuperó protagonismo por la contracción de la
financiación privada externa y reinició las operaciones de apoyo condicionado
al establecimiento de metas de estabilización de precios, fiscales y
monetarias. 'La distribución de costos y beneficios, así como los resultados
sobre el proceso económico, permiten hablar de un modelo que pasó detener un
carácter antipopular a tener un carácter antinacional'. (Notaro, 1984: 104).
Cuando se constituyó la Concertación Nacional Programática,
un frente social y político que promovía la 'transición a la democracia',
estaban todas las organizaciones sociales, desde las organizaciones sindicales
y estudiantiles hasta la Asociación Rural y la Cámara de Industrias. No
participaron los militares y la Asociación de Bancos, los primeros como
responsables y los segundos como beneficiarios de este proceso." (92-98)
link de Medio Siglo de Historia:
